24 de noviembre de 2025, Bocas del Toro, Panamá
El día miércoles, 19 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el testimonio de representantes indígenas sobre la represión que las fuerzas de seguridad panameñas ejercieron en sus territorios y comunidades en 2025. Esto tuvo lugar durante una audiencia pública que se realizó en el marco del 194º período de sesiones de la CIDH la semana pasada en la ciudad de Miami, EE.UU.
Durante esta audiencia, las y los representantes indígenas y miembros de la sociedad civil atestiguaron el uso desproporcionado e incluso letal de la fuerza que se ejerció contra numerosas comunidades indígenas entre los meses de mayo y julio del presente año en Darién, en la Comarca Ngäbe-Buglé y durante el Estado de Urgencia que fue impuesto en Bocas del Toro. Asimismo, denunciaron ante la CIDH violaciones a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, trato inhumano y la suspensión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, tales como el habeas corpus, en los territorios indígenas.
Para situar estas violaciones en el contexto más amplio, las y los representantes indígenas y de la sociedad civil destacaron cómo el Estado de Panamá ha recurrido a la fuerza y la intimidación para imponer su voluntad en los territorios indígenas, tanto dentro de las comarcas como en territorios que aún carecen de reconocimiento oficial. De este modo, enfatizaron que el cierre del espacio cívico en los territorios indígenas ha reforzado procesos históricos de exclusión, discriminación y violencia hacia las poblaciones indígenas, especialmente en el contexto de megaproyectos de desarrollo y otras inversiones económicas que afectan las tierras y territorios indígenas, lo cual ha dado lugar al desalojo de comunidades enteras.
Tras escuchar el testimonio, las y los representantes de la CIDH cuestionaron al Estado de Panamá sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza contra las personas y comunidades indígenas, así como sobre el apagón de comunicaciones que ocurrió en la provincia de Bocas del Toro, afirmando que no es común que los estados democráticos apliquen cortes generales de comunicaciones.
Adicionalmente, la CIDH indicó su disposición de realizar una visita a Panamá para analizar con mayor detalle la situación de los derechos humanos de las personas indígenas en Panamá. Por su parte, el Estado Panameño confirmó que no se opondrá a una visita por parte de la CIDH.
Durante la audiencia, Bernardino Morales, uno de los afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan-75 de la comunidad Ngäbe de Guayabal, enfatizó el progresivo deterioro del espacio cívico en Panamá, declarando:
“En audiencias previas, se denunció la crueldad, discriminación y uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra manifestantes indígenas Ngäbe, oponiéndose a proyectos mineros e hidroeléctricos en 2010 y 2012. Esto resultó en heridos, lisiados y pérdida de vidas. […]
“Se destacó la provincia de Bocas del Toro como un foco principal de conflicto, debido a su riqueza natural e intereses comerciales. La falta de reconocimiento de la propiedad colectiva de la comunidad indígena—como en Valle de Agua con el caso de la familia Castrellón, que fueron víctimas de un proceso de desalojo completamente amañado—[aún] sigue siendo parte del hostigamiento por parte de las autoridades judiciales y policiales. […]
“El espacio cívico se ha cerrado a niveles inimaginables desde julio de 2024 con la entrada del actual gobierno, superando todo lo ocurrido en el pasado debido a violencia institucional, reanudación de violentos desalojos—incluyendo en Valle de Agua en Bocas del Toro—con negación de garantías judiciales, criminalización, judicialización, encarcelamiento, persecución, intimidación de dirigentes indígenas Embera, Wounaan, Naso y Ngäbe, ocupación militar y el estado de sitio.”
Por su parte, Weny Bagama, una dirigente Ngäbe quien fue afectada por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, declaró ante la Comisión:
“Me encuentro aquí para denunciar las acciones del Estado, del Gobierno, en nuestros territorios, que ya son delimitados como Comarca. En esta operación llamada Omega, el Estado violó los derechos de las mujeres, niños y ancianos en sus propias casas. Como la comunidad de Pueblo Nuevo, Comarca Ngäbe-Buglé; comunidad de El Piro, Comarca Ngäbe-Buglé; comunidad de Cerro Venado, Comarca Ngäbe-Buglé. Todas estas comunidades fueron sitiadas día y noche, por muchos días. [Se les tiró] gas lacrimógeno en sus propias casas, a los niños. Las mamás tuvieron que huir al monte con estos niños a aguantar hambre, porque ellas eran perseguidas en sus propias casas. […]
“Todo esto ha sido una agresión a nuestro pueblo y a nuestras mujeres, en nuestra Comarca, en nuestro territorio. Y duele mencionarlo.”
Después de la audiencia, Feliciano Santos, Coordinador del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), una de las organizaciones que solicitaron la audiencia, declaró:
“Lo que vivimos en Bocas del Toro durante la Operación Omega fue una brutal represión a los pueblos originarios por parte de las fuerzas de seguridad panameñas. Lejos de establecer seguridad, estas fuerzas crearon un ambiente de violencia, irrumpiendo en las comunidades, golpeando a hombres, denigrando a mujeres y lanzando gas pimienta directamente al rostro de los residentes.
“Ante la hostilidad del Estado Panameño, hemos tenido que recurrir a la Comisión Interamericana para reclamar nuestros derechos y exigir justicia, dado que las instituciones panameñas han desconocido y violentado nuestros derechos a todos los niveles.
“Como resultado de esta audiencia, esperamos que la Comisión tome acciones concretas para monitorear la situación de los pueblos indígenas en Panamá y para realizar una visita urgente a nuestras comunidades, con la finalidad de escuchar a todas y todos los afectadas y evaluar estos abusos violentos directamente.”
Esta audiencia fue a solicitud de: El Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngobe (CEDETENG), el Congreso Local de Piriati Embera Alto Bayano, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). A invitación de MODETEAB, las y los representantes indígenas estuvieron acompañados en la audiencia por parte del Buró de Abogados de Panamá, Cultural Survival y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de Northwestern.
La grabación de la audiencia se encuentra en el sitio web de la CIDH, aquí: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/audiencia.asp?Hearing=3857.
El comunicado anterior en PDF, aqui:
Español 
English